El título de adn Digital es bien arriesgado: "BCP tiene las manos metidas en el tenebroso lavado de dinero"
ASUNCION- Comenzamos está apasionante serie de notas con la misma decisión del Banco Central del Paraguay de aplicar sanciones leves a importantes bancos de plaza por presuntas fallas administrativas, pero que en voz popular fue lavado de dinero. Para algunos, la gravedad del caso fue la que obligó a la entidad bancaria nacional a dar los nombres de los bancos privados, aunque luego - la misma gravedad del tema, vaya paradoja- hizo que se decida enfriar el tema. Se habla, incluso, que una mano larga está haciendo que la misma Fiscalía General del Estado y otras entidades del Estado se hagan las desentendidas con relación al citado hecho.
Estamos hablando de firmas ficticias, que remesaron nada menos que 370 millones de dólares, mediante operaciones que salieron del marco de la regulación legal. Los bancos involucrados fueron Sudameris, Regional, BBVA, Continental, Amambay, Do Brasil y Atlas. No lo decimos nosotros: lo afirmaron en su momento desde el propio Banco Central del Paraguay, cuya decisión de dar a conocer genera posturas bien encontradas.
Algunas voces más corajudas del BCP llegaron a admitir que se incumplió, con la citada remesa, con la ley de lavado de dinero. ¿Sólo eso?, ¿Qué hay de cierto de que hubo responsabilidades que se ocultaron?, ¿Quiénes son los responsables? Estos son temas que interesan a la gente y para ir uniendo los cabos iremos dando datos y nombres de forma a intentar encontrar la causa principal del por qué las entidades de control, hasta ahora, no cumplieron sus funciones y no fueron claros con la opinión pública.
El tema quema las manos de los investigadores. Unos dicen que actualmente las cosas serán más difíciles de saber, pues la mayoría, miembros del mismo grupo, se mantienen en altos cargos, y otros son jueces y parte de la nueva administración del gobierno. Las publicaciones sólo de un par de medios forzaron algún amago de investigación, para calmar a la prensa y aparte la opinión pública que sospecha lo que pasó, pero mayormente nada avanza para saber la veracidad y sobre todo conocer cómo, en qué grado y sobre todo quienes son los que ayudaron desde sus funciones en la esa cadena de lavado de dinero.
Un ejemplo de desidia es que hasta ahora la investigación de la Fiscalía en el proceso por lavado de dinero se limita a una liviandad casi infantil. No existe nada al respecto. Las demás instituciones sólo se limitan a mirar. En tanto hay reuniones, convenciones y hasta ministros de la Corte Suprema de Justicia, que vienen y van al exterior, para dar charlas y cátedras sobre lavado de dinero. Aunque en lo concreto y real, no pasa absolutamente nada de importancia.
Otro ejemplo que revela que el tema quema las manos de los investigadores es que la Fiscalía sólo se anima a investigar a personas de escasos recursos, que están vinculadas a las empresas ficticias que, en el 2011, remesaron al exterior 370 millones de dólares. Sin embargo, ignora que dichas operaciones fueron autorizadas por empleados bancarios con altos cargos, quienes ni siquiera fueron convocados a declarar, al igual que terceros, ya identificados, que se ocultaron detrás de las firmas de portafolio para enviar el dinero.
Nosotros, con el correr de las notas, iremos acercando posibles nombres, que la Fiscalía y otras instituciones encargadas del trabajo anti lavado puedan afirmar o denegar las sospechas. Ellos están para eso. La prensa no puede juzgar ni condenar. Por de pronto, la desidia ya genera sospechas.
SOSPECHOSAS DESIDIAS
La falta de agallas de la gente a cargo del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, no pasa desapercibida para quienes entienden del sistema financiero. La desidia con relación a los autores principales que enviaron los dólares y quienes hicieron el colchón en las entidades bancarias, públicas y privadas, generan comentarios de todo tipo. A ningún entendido le pasa por alto que algo se quiere ocultar y mucho, incluso, ya se ocultó. La buena posición económica de los involucrados, los funcionarios bancarios - públicos y privados - en altos cargos y otros hoy prendidos en la estructura del poder se suman para meter silencio, en unos casos, y miedo, en otros.
Hasta ahora los verdaderos jerarcas están fuera del proceso penal. Hay incluso personas con antecedentes de peligro y con cuentas canceladas, pero que fueron parte de la cadena sospechosa, que sigue vigente, aún con suficiente buena salud y hoy se creen poderosos e impunes, porque tienen el respaldo aún más, del poder político.
Hay indicios de que los agentes del Ministerio Público no estarían actuando con objetividad, que es el principio rector en dicha institución, al ignorar a los otros grupos que presumiblemente tendrían implicancia en el proceso de lavado de dinero. Algunos funcionarios ante la prensa admiten que la ley no es muy severa. Ya en off reconocen que hay gente poderosa detrás, que hacen difícil que las investigaciones puedan profundizarse.
La Ley N° 1015/97 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes" solamente contempla eventuales sanciones sobre los sujetos obligados (personas jurídicas), pero eso no significa que las personas físicas que integran la organización de la entidad bancaria carezcan de roles específicos. Al contrario, son las personas físicas, que integran los estamentos de una entidad bancaria, las que llevan a cabo conductas cuyas consecuencias finalmente recaerán en la persona jurídica", había sostenido, en su momento, una parte de la resolución del Banco Central por la que se sancionó con una amonestación pública al Banco Regional, a través de la cual empresas ficticias de Ciudad del Este remesaron más de 99 millones de dólares sólo en el 2011.
Sin embargo, el propio BCP había admitido que la sanción a los bancos Sudameris, Regional, BBVA y Continental, por incumplimiento de ley anti lavado, es una consecuencia de la actuación de las personas físicas. Aun así, no se conoce los nombres de las personas que permitieron que se hagan las operaciones. Además, se excluyó a los empleados de las entidades del sumario administrativo, en el que se confirmó que firmas ficticias remesaron US$ 370 millones al exterior, en 2011, mediante operaciones sospechosas. Todo es muy oscuro, hasta ahora. ¿Qué se oculta, a quiénes se protege?
Todo empezó en noviembre de 2011. Esa vez una mujer denunció ante el Banco Central a la casa de cambios Forex, sucursal Ciudad del Este, por lavado de dinero y otros hechos punibles. La denuncia motivó la intervención de la Superintendencia de Bancos que realizó una inspección de la casa de cambios y los cuatro bancos afectados. El tema era muy fuerte, como mínimo, pensando de buena fe, se veía una serie de anomalías y, obvio, el lavado de dinero. Lo cierto es que el hecho obligó al entonces superintendente, Nelson Valiente, a realizar la denuncia ante el directorio, que a su vez ordenó la instrucción de un sumario administrativo. Parecía que las cosas iban a tomar un "nuevo rumbo" para aclarar las cosas, sin embargo, el tiempo fue imponiendo el silencio y quiénes podían verse involucrados, hoy antes de rendir cuentas, están más fuertes que nunca, ocupando espacios de poder. ¿Raro, no?
