viernes, 27 de septiembre de 2013

Investigarian a Lugo y Franco



Asi lo anunció la abogada, Maria Gloria Bobadilla.

La abogada mencionó a uhora, que debido a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de entregar las tierras a las comunidades indígenas en un plazo de tres años, se estableció una Comisión Interinstitucional Ejecutiva para dar cumplimiento.

En ese sentido, explica que en un documento remitido por esa comisión hace referencia a la especial gravedad que tiene la comunidad indígena del Chaco Yakye Axa. Por ese motivo, se designa una subcomisión para el efecto.

Según el documento, esa subcomisión está instruida a realizar la compra de tierras para la comunidad indígena. Además, establece que el Instituto Nacional del Indígena (Indi) debe conformar un comité previsto en los párrafos 205 y 206 de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Dicho párrafo señala que la modalidad de compra será establecida por tres miembros. Uno perteneciente al Estado, en este caso del Indi, un representante por parte de la comunidad indígena y el tercero en un acuerdo entre ambas partes. Por esa razón aparece la ONG Reforest Par, indicó María Gloria Bobadilla.

Bobadilla indicó que ese documento, que no tiene fecha, fue firmado por varios ministros de Fernando Lugo "que el fiscal tiene la obligación de investigar. Estamos viendo el árbol, pero no el bosque", comentó.

Señaló, que la entrega de dinero se dispuso a otros niveles y como fue entregado bajo el Gobierno de Federico Franco, también debe ser investigado él, precisó. Además, dijo que las críticas hacia la utilización de la fundación como mediadora se hacen ahora, pero en el 2010, por medio de un decreto presidencial, fue aceptada, sostiene.

En ese sentido, Bobadilla afirma que su defendida es el último eslabón de una cadena. Explicó que la orden provino de la Comisión instalada y que Marlene Mendoza, como ex administradora solo debía obedecer.

Rubén Quesnel, ex titular del Indi, está imputado con Marlene Ysabel Mendoza Ferreira, ex directora de Administración y Finanzas y Éver Otazo Martínez, por supuestos hechos de lesión de confianza y apropiación.

Supuestamente, retiraron unos 3.100 millones de guaraníes del dinero de la entidad, pero la suma nunca llegó a destino, según la investigación.

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